Indigenismo o el fin del modelo económico

Richard Caifal

Mucho se ha escrito respecto de la Constitución indigenista y del neologismo jurídico de la plurinacionalidad. Sin embargo, mientras la opinión pública centraba su atención en normas sobre pluralismo jurídico, escaños reservados, autonomías y otros, los convencionales trabajaban arduamente en minar y desmantelar los pilares que sostuvieron la libertad de emprender, la propiedad privada y todos aquellos elementos que configuran el orden público económico actual.

La consolidación de la propiedad privada significó para el mundo indígena un salto gigante hacia la certeza jurídica, el desarrollo y, un impulso para acceder a una mejor educación y calidad de vida. Al otorgarse títulos de dominio en la década de los ochenta, se puso fin a los “cercos vivos”, que consistían en el trabajo que los niños desempeñaban para cuidar los animales evitando que pasaran de un predio a otro. Aquello permitió que esos menores pudieran acceder a los colegios y a la educación superior. Las repercusiones que provocó el consagrar el derecho de propiedad fueron mucho más allá de la certeza en materia patrimonial y derechos hereditarios.

“En políticas públicas relacionadas con materias indígenas, la omnipresencia del Estado ha sido asfixiante, generando clientelismo político y asistencialismo, relegando a un segundo plano las prioridades e intereses de las comunidades”.

La propiedad privada y la libertad de desarrollar cualquier actividad económica fueron cruciales en el crecimiento de nuestro país y, en dar respuesta a una multiplicidad de demandas sociales. Esto no significa que el modelo fuese perfecto, muy por el contrario, requería de importantes ajustes, especialmente en materia social. Todo aquello que conocíamos hasta hoy será transformado por la nueva Constitución, y el golpe de timón en materia económica nos cambiará el rumbo.

Que el Estado participe en la economía para cumplir los propósitos señalados en la Constitución ya debiera ser motivo de preocupación, pues tendría una posición de privilegio frente a la iniciativa e inversión privada. A esto se suma la ineficiencia e ineficacia estatal en materias empresariales.

En cuanto a las políticas públicas en materia indígena, la omnipresencia del Estado ha sido asfixiante, generando clientelismo político y asistencialismo. El mundo indígena ha experimentado en carne propia lo que significa que el Estado sea el protagonista en la toma de decisiones, relegando a un segundo plano las prioridades e intereses de las comunidades. Por estas razones, la propuesta constitucional comienza a ser desestimada por un sector de los indígenas, ya que un excesivo estatismo generará iguales vicios y retrocesos similares a los que hemos experimentado desde hace tres décadas.

Que el Estado regule, fiscalice, fomente y desarrolle actividades económicas es perturbador, ya que esta multiplicidad de atribuciones anula la competencia y, convierte al Estado en juez y parte de la economía.

Si bien la expresión “Constitución indigenista” se ha convertido en un eslogan, la transformación del modelo económico es el verdadero cambio que contiene el borrador de la carta fundamental, la que instalará un nuevo paradigma para nuestra convivencia social y política.